EL MOVIMIENTO INDÍGENA DE TIERRAS BAJAS DE BOLIVIA
40 años atrás, la situación de los pueblos indígenas de tierras bajas se hallaba demarcada por un denominativo común: la falta de gestión de sus territorios, y toda la problemática emergente de ello. Además de estar geográficamente aislados, la negación de sus derechos territoriales dentro de la legislación nacional generó a su vez la marginación étnica, la inaccesibilidad a sus derechos fundamentales, la subordinación y la consecuente amenaza de desaparición al ser incluidos en el sector campesino, sin identidad alguna.
SE GESTA EL MOVIMIENTO
Los primeros encuentros interétnicos entre los pueblos isoseño y ayoreo a partir de 1978 avivan el anhelo de encarar acciones conjuntas para la conquista de sus territorios ancestrales y un nuevo ordenamiento territorial del Estado que permita el ejercicio de sus autonomías. Bajo esas premisas, los pueblos guarayos, chiquitanos y guaraníes se suman al movimiento emergente fundando el 3 de octubre de 1982 la Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia, CIDOB, para fortalecer la unidad y la estructura organizativa, según sus formas tradicionales de organización. De este ente matriz, se conforman centrales indígenas locales en Santa Cruz, Beni y Pando, demandando su incorporación y participación en decisiones políticas, sociales, económicas y culturales del país.
Organizados y liderizados, las movilizaciones se iniciaron. Los pueblos indígenas de tierras bajas surgieron de la invisibilidad y ello fue la génesis de nuevos desafíos en la construcción de una otra realidad en la que se consolidaron a nivel nacional como actores políticos y sujetos de derechos. Lograron unificar una agenda reivindicativa que plantea: la transformación del modelo de Estado, en el que se reconozca la diversidad étnica y cultural del país; en un nuevo sistema de representación plural; un nuevo modelo económico que elimine asimetrías y revalorice procesos productivos tradicionales, estableciendo un modelo de gestión de recursos naturales a través del cual los pueblos originarios recuperen la soberanía de decidir sobre su destino y beneficio.
LOS MILES DE PASOS HACIA LA AUTODETERMINACIÓN
La Central de Pueblos Indígenas del Beni, (1989) dirigió la primera gran “Marcha por la Dignidad, Tierra y Territorio”, (1990). Más de 800 personas de distintos pueblos de tierras bajas caminaron 600 km. hacia la sede del gobierno boliviano durante treinta cuatro días buscando el reconocimiento de los derechos fundamentales para las comunidades indígenas, como son el derecho a la tierra-territorio, los recursos naturales y la identidad que les permitiera sobrevivir como personas y colectividades con dignidad. La movilización concluyó con la titulación de los primeros 4 territorios indígenas mediante Decreto Supremo, entre ellos el TIPNIS.
Seis años más tarde, en 1996, la Central de Indígenas del Oriente Boliviano, CIDOB, promueve la “Marcha por el Territorio, el Desarrollo y la Participación Política de los Pueblos Indígenas”, partiendo desde Samaipata (provincia Florida, Santa Cruz). El resultado fue la aprobación de la Ley INRA y su posterior decreto reglamentario conteniendo los alcances y procedimientos para el saneamiento y la titulación de los territorios históricamente ocupados por los pueblos indígenas, en la modalidad de Tierras Comunitarias de Origen, TCO’s.
En julio del año 2000, la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), el pueblo Mojeño del Beni y otros de la Amazonía protagonizaron la tercera marcha indígena bajo la consigna de acelerar la creación de ministerios y viceministerios que asuman el trabajo por los intereses de los pueblos campesinos, indígenas y originarios. A tal efecto, en el mismo año fueron creados el Ministerio de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas y Originarios, MACPIO, y bajo su dependencia, el Viceministerio de Asuntos Indígenas y Originarios, VAIO, luego convertido en Viceministerio de Asuntos Indígenas, VAI.
En el año 2002 se realiza la cuarta marcha con la nutrida participación de indígenas y campesinos del oriente, del chaco y la Amazonía, que luego se uniría con una marcha del CONAMAQ que había partido desde los departamentos de Potosí y Oruro. Esta vez la demanda se centró en la convocatoria a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución Política del Estado.
A su llegada a La Paz desde San Xavier con la quinta marcha indígena en el 2006, diversas organizaciones campesinas, indígenas, originarias y de colonizadores cercan al Congreso de la República en demanda de la aprobación de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, promulgada el mismo año. Nacen las Tierras Comunitarias de Origen (TCO´s), entre ellas la TCO Monteverde.
Con la sexta marcha en el 2007, los pueblos de tierras bajas organizados en el “Pacto de Unidad” exigen la aprobación congresal de una ley modificatoria de la Ley INRA bajo criterios de reconducción comunitaria. Como resultado, el Estado Plurinacional reconoce la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios y su participación en todos los niveles de gobierno; las Autonomías Indígenas sin subordinación y con igualdad de jerarquía y la representación directa de las naciones y pueblos indígenas en el órgano legislativo.
En el 2010, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, inicia en Trinidad, capital de Beni, la séptima “Gran Marcha Indígena por el Territorio, las Autonomías y los Derechos de los Pueblos Indígenas”, demandando que las propuestas de autonomías indígenas sean incorporadas en la Ley Marco de Autonomías.
La octava “Marcha por la Defensa del TIPNIS” convocada por la CIDOB en el 2011, se desarrolla en oposición a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que dividiría este territorio en dos. Concluyó con la aprobación de la Ley 180 de Protección del TIPNIS que lo declara “intangible”.
Para el 2012, 300 marchistas parten desde Trinidad en la novena marcha “Por la defensa de la vida y dignidad, los territorios indígenas, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente y las áreas protegidas, cumplimento de la CPE y el respeto de la democracia». Este movimiento no tuvo éxito en la derogación de la Ley 222 y la consulta derivada de ella para la eliminación de la intangibilidad del TIPNIS, en torno a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
