En Bolivia, tras los intentos de privatización de este recurso vital a nivel nacional por parte de los gobiernos de Hugo Bánzer Suárez y Gonzalo Sánchez de Lozada se desencadenaron guerras o conflictos en diferentes partes del país. Gracias a estas luchas es que en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) de 2009 en el capítulo segundo artículo 16 se establece que “Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación”, y con mayor énfasis en los artículos 20, 373 y 374 que establecen que cada persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a servicios básicos como el agua potable y la provisión de este recurso es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles, a través de distintas entidades de carácter “social” que trabajan con principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad, se hace hincapié en que el agua es un recurso finito, vulnerable y estratégico por lo que su acceso es un derecho fundamentalísimo para la vida, por tanto, no puede ser objeto de privatización ni concesión.
En este contexto, es importante resaltar la situación del pueblo Ayoreo en el municipio de Concepción, que se encuentra en una posición de marcada vulnerabilidad, exacerbada por el acceso insuficiente a recursos vitales. El agua, en particular, se presenta como uno de los elementos más críticos y urgentes en su lucha. Esta comunidad, marginada en términos de servicios básicos, enfrenta desafíos significativos en cuanto a la obtención de un suministro de agua confiable y seguro. Su escasez no solo afecta su salud y bienestar, sino que también limita sus oportunidades de desarrollo económico y social, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión. (Leer más…)
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